CARTA CIRCULAR  57  DE 2008  
( Agosto 19)

Señores
REPRESENTANTES LEGALES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 

Referencia:	Se reitera la obligación que tienen las entidades vigiladas de acatar las órdenes judiciales en virtud de las cuales se decrete el embargo de depósitos.

Respetados señores:

Con el propósito de que las entidades vigiladas den estricto cumplimiento a las órdenes judiciales en virtud de las cuales se decreta el embargo de cualquier tipo de depósitos y recursos este despacho les recuerda el contenido de lo que al respecto disponen los numerales 1.6 y 1.7 del Capítulo IV, del Título Segundo de la Circular Básica Jurídica 007 de 1996.

En consecuencia, tal como lo señalan los numerales 1.6 y 1.7 del Capítulo IV del Título Segundo de la Circular Básica Jurídica en mención, y no obstante que, de acuerdo con la normatividad vigente, las rentas incorporadas en el Presupuesto General de la Nación y los recursos del Sistema General de Participaciones son inembargables, se reitera que todas las órdenes de embargo emanadas de autoridades judiciales, incluyendo aquellas que, contrariando la normatividad pertinente, afecten o recaigan sobre las rentas y recursos incorporados al presupuesto general de la Nación, serán de inmediata ejecución o cumplimiento por parte de las entidades financieras.

Decretada una medida de embargo, las entidades financieras no son competentes para establecer si una decisión judicial es contraria a la normatividad vigente por recaer sobre rentas y recursos incorporados al presupuesto general de la Nación, en atención a su carácter inembargable. En efecto, su actuación no puede ir más allá que la de mero ejecutor de la orden judicial en lo concerniente con la existencia de los recursos, su cuantía y la identificación del titular, aspecto cuya verificación se encuentra implícita en la ejecución de la orden de embargo.

Ahora bien, lo anterior debe entenderse sin perjuicio de la obligación de las entidades financieras de informar al Juez que la medida afecta rentas y recursos del presupuesto general de la Nación, para su evaluación y fines pertinentes, lo cual no exonera para que se efectúen de inmediato los traslados de los recursos embargados, en los términos dispuestos por la autoridad judicial. 

Así mismo, las entidades financieras deberán dar estricto cumplimiento a lo ordenado por el artículo 3° del Decreto 1807 de 1994, según el cual “…el establecimiento de crédito que reciba una orden de embargo en contravención a lo dispuesto por el presente decreto, deberá informar inmediatamente a la Contraloría General de la República para que inicie un juicio fiscal contra el funcionario judicial que ordenó el embargo”.

Finalmente, cuando reciban órdenes judiciales de embargo que afecten rentas y recursos del presupuesto general de la Nación y del Sistema General de Participaciones, las entidades financieras deberán informar de inmediato sobre tal hecho a la Dirección de Defensa Judicial de la Nación del Ministerio del Interior y de Justicia. 

Cordialmente,

CÉSAR PRADO VILLEGAS
Superintendente Financiero de Colombia

070100